Gobierno cubano pide sanciones contra madres que ocupan locales

La crisis habitacional en Cuba y una respuesta polémica del régimen

La aguda crisis de vivienda que azota a Cuba desde hace décadas ha empujado a muchas familias, particularmente madres con hijos pequeños, a tomar medidas desesperadas. Tras años de esperar una solución institucional sin éxito, decenas de mujeres han optado por ocupar ilegalmente instalaciones estatales abandonadas para establecer algún tipo de residencia estable y segura. Sin embargo, lejos de ofrecer alternativas o soluciones humanas, el Gobierno cubano ha pedido una respuesta más dura: sancionar legalmente a estas madres.

Una situación desesperada para las familias

La escasez de viviendas adecuadas en toda la Isla es una realidad que no necesita demasiada explicación para los que viven en carne propia el día a día en Cuba. Edificios en ruinas, hacinamiento, derrumbes y construcciones detenidas son parte del entorno cotidiano. Ante esta situación, muchas madres jefas de hogar no ven otra salida que ocupar antiguos locales del Estado, como escuelas en desuso, oficinas abandonadas o almacenes olvidados.

Estas acciones, aunque ilegales según el marco jurídico cubano, responden a una lógica simple pero humana: garantizar un techo para sus hijos. Para muchas, se trata de un último recurso en medio de la indiferencia institucional.

¿Qué propone el Gobierno?

Lejos de un enfoque empático o de asistencia social, el Ministerio de Justicia y otras entidades del gobierno han propuesto imponer castigos a las madres que ocupen estos inmuebles. Esta medida ha sido documentada en una consulta con varios organismos estatales, donde se sugiere tipificar esta actividad como delito e incluso llevar los casos ante tribunales.

Asombrosamente, esta iniciativa surge a pesar de que la propia Fiscalía ha reconocido que en muchos de estos casos las mujeres y sus familias no cuentan con alternativa habitacional alguna. En lugar de una solución integral, el régimen apuesta por reforzar la criminalización de la pobreza.

¿Qué implicaciones tiene esta medida?

La decisión del Gobierno podría conllevar diversas consecuencias tanto jurídicas como sociales:

  • Aumento de la criminalización de la pobreza: La medida convierte a la necesidad en delito, y penaliza a quienes no tienen más opción que buscar una solución por su cuenta.
  • Mayor presión sobre las familias vulnerables: Se castigan iniciativas que, aunque irregulares, intentan proteger los derechos de los niños a un hogar digno.
  • Sin soluciones alternativas: Hasta ahora, no se ha presentado ningún plan concreto para reubicar o asistir a las familias en situación crítica.

Todo esto evidencia un enfoque represivo por parte del Estado, que parece más interesado en preservar el control de los inmuebles que en atender las reales necesidades ciudadanas.

Reacciones de la sociedad civil y organismos independientes

Varios activistas, organizaciones defensoras de derechos humanos y ciudadanos comunes han reaccionado con indignación ante esta política. Algunos señalan que esta medida es otro ejemplo del distanciamiento entre el Gobierno cubano y la realidad que viven sus ciudadanos.

Hay quienes señalan que en muchos países las ocupaciones ilegales de inmuebles se abordan desde una lógica de ayuda social, con el fin de regularizar la situación, proteger a las familias y fomentar la inclusión. Sin embargo, en Cuba la respuesta parece ser más bien punitiva.

Una llamada a la conciencia

Resulta incomprensible que en medio de una crisis humanitaria y económica como la que vive la Isla, se impulse una normativa que criminaliza a quienes tratan de sobrevivir. Culpabilizar a las madres por cuidar de sus hijos y exigirles vivir en condiciones infrahumanas no es una medida de justicia, sino una muestra cruda del abandono estatal.

¿Qué puede hacer la ciudadanía?

Aunque las condiciones actuales en Cuba limitan las posibilidades de organización, es fundamental visibilizar esta situación. Hablar, compartir y denunciar esta realidad fuera y dentro del país puede generar presión pública, así como apoyo internacional en temas de derechos humanos.

La Cuba que muchos sueñan es una en la que las madres no se vean forzadas a escoger entre la ilegalidad o el desamparo, y donde el Estado se preocupe por proteger, no por castigar a sus ciudadanos más vulnerables.

Pueden leer el artículo original en el siguiente link: https://diariodecuba.com/cuba/1745960448_60890.html

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articulo resumido con AI.

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