Gobierno cubano exige cuenta fiscal a cuentapropistas autorizados

Una nueva medida que impacta directamente al sector privado en Cuba

El Gobierno cubano ha comenzado a aplicar restricciones más severas al emergente sector privado de la Isla. En esta ocasión, el Ministerio de Finanzas y Precios, junto a la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), ha lanzado una nueva normativa que exige a los trabajadores por cuenta propia (TCP) y a las mipymes operar exclusivamente mediante cuentas bancarias fiscales para cualquier transacción relacionada con su negocio.

Esta medida ya está en vigor desde el lunes 29 de abril de 2024 y representa un giro significativo en el control estatal sobre las actividades económicas del sector privado en Cuba. Según las autoridades, el propósito es mejorar la fiscalización y la transparencia financiera, apoyando la gestión tributaria del país. Sin embargo, para muchos emprendedores cubanos dentro y fuera de la Isla, esta normativa suma un obstáculo adicional al ya complejo entorno empresarial nacional.

¿Qué implica una cuenta bancaria fiscal?

Una cuenta bancaria fiscal no es una cuenta como cualquier otra. Se trata de una cuenta designada para todas las operaciones económicas vinculadas a una actividad empresarial legalmente autorizada. Esto incluye:

• El ingreso de pagos recibidos por servicios o productos.
• La emisión de transferencias para adquirir insumos, servicios o contratar empleados.
• La recepción de financiamiento o créditos bancarios.

El uso obligatorio de esta cuenta tiene implicaciones fiscales directas, ya que permitirá a la ONAT controlar los flujos de ingreso y egreso de las organizaciones y trabajadores por cuenta propia, facilitando así la recaudación de impuestos y el monitoreo del desempeño económico del sector privado.

¿Quiénes están obligados a cumplir esta regulación?

La normativa impacta tanto a personas naturales como jurídicas. Esto quiere decir que tanto los cuentapropistas individuales como las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), cooperativas no agropecuarias y otras formas de gestión no estatal deben cumplir con esta obligación.

La regulación aclara que incluso si un trabajador por cuenta propia no ha sido notificado previamente, está legalmente obligado a tener una cuenta fiscal asignada desde el momento en que inicia su actividad económica.

Consecuencias por incumplimiento

Aquellos trabajadores por cuenta propia o entidades que no acaten esta disposición podrían enfrentarse a diversas sanciones, incluyendo:

• Multas económicas significativas impuestas por la ONAT.
• Suspensión o revocación de la licencia para operar.
• Investigaciones y auditorías fiscales más estrictas.

Este endurecimiento puede considerarse parte del proceso que ha llevado el gobierno cubano recientemente para limitar el crecimiento del sector no estatal y tener mayor control sobre su actividad económica.

Reacciones del sector emprendedor

La reacción entre los emprendedores cubanos no se hizo esperar. Muchos consideran esta medida como un método más de vigilancia y control, en lugar de una acción dirigida a facilitar el desarrollo del sector privado.

Algunos pequeños empresarios temen que esta regulación represente un retroceso en la apertura económica iniciada hace apenas unos años con la legalización de las mipymes. Según varios testimonios compartidos en redes sociales y medios independientes, la exigencia de una cuenta fiscal en un sistema bancario ya colapsado y con severas restricciones también complica la operatividad diaria de los negocios.

Diálogo o imposición: la clave del futuro empresarial en Cuba

Lo que muchos actores del sector privado demandan es un verdadero diálogo con las autoridades para construir estructuras legales y financieras que posibiliten un crecimiento sano y sustentable del emprendimiento en Cuba. Medidas como la cuenta fiscal obligatoria —aunque bajo apariencia legítima de control fiscal— deben venir acompañadas de garantías, incentivos y mejoras estructurales en los servicios financieros.

Por ahora, la exigencia se mantiene firme, y los trabajadores privados deberán adaptarse, una vez más, a un entorno regulatorio cambiante y, para muchos, opresivo.

Puedes leer el artículo original en el siguiente enlace: https://diariodecuba.com/cuba/1745902663_60866.html

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